Algunas mentiras frecuentes.

El aumento de los precios de la vivienda responde a la elevada demanda.
El precio de la vivienda no responde a la lógica elemental del libre mercado de la oferta y la demanda porque justamente se trata de un sector del mercado completamente distorsionado por la opacidad y la especulación. El hecho de que se trate de un bien de primera necesidad fuerza a quienes viven de alquiler o son aspirantes a propietarios a dedicar todos los recursos posibles a conseguir un alojamiento. Eso lo tienen perfectamente calculado promotores, propietarios de suelo y entidades financieras, que calculan el precio de la vivienda en función de la capacidad de endeudamiento de las unidades familiares y no obedeciendo a la presión de la demanda (que lógicamente debería favorecer la competencia y la bajada de precios). Que el precio de la vivienda está sobrevalorado en España lo reconocen incluso las máximas instituciones neoliberales mundiales (FMI, OMC, etc.).
Los pisos de 30 m2 servirán para congelar el aumento de precios de la vivienda y asegurarán su asequibilidad.
Si no se interviene en la regulación de los precios de la vivienda, no hay ninguna razón para que los promotores no continúen incrementando o sosteniendo sus beneficios con las nuevas modalidades de vivienda “reducida”. Por el contrario, aprovecharán la reducción de los pisos para incorporar un mayor número de ellos en cada promoción, y progresivamente iremos acostumbrándonos a viviendas más pequeñas e igual de caras, si no se ponen límites a la carrera especulativa.
El alquiler ha disminuido en España debido a la cultura “patrimonialista” de la población.
Que una ciudad como Barcelona haya pasado de tener un parque de viviendas de alquiler de cerca del 50% en 1981 a tenerlo del 28,5% en 2001 (todavía muy por encima de la media del Estado, que ronda el 16%), no sólo se explica por la inversión en vivienda del excedente monetario y la atracción por las incomparables plusvalías que ofrece el mercado de compra, ni por una pretendida cultura de la “propiedad” que definiría el “carácter” de nuestra sociedad, sino por las condiciones draconianas en que está instalado el mercado de alquiler desde la implantación del Decreto Boyer y la LAU posterior, que eliminaron toda protección del arrendatario en beneficio de la garantía del rendimiento de la vivienda para su propietario. Ante la perspectiva de alquilar un piso por 674 euros mensuales por una duración de cinco años, después de los cuales el propietario podrá incrementar el alquiler sin límite, es de lo más razonable que a la gente se le despierte un espíritu “patrimonialista” y opte por hipotecarse: precio por precio e inseguridad por inseguridad, más vale vivir bajo un techo propio (al menos nominalmente) que ajeno.
En España el Estado no es ni debería ser “intervencionista” en el sector inmobiliario.
A pesar de los aspavientos de la patronal del sector en el último Barcelona Meeting Point ante las tímidas insinuaciones de la Consejería de Vivienda de intervenir para hacer aflorar los pisos vacíos, hay que recordar que el Estado ha “intervenido” e “interviene” de manera muy importante en la configuración y la deriva del mercado inmobiliario. Así, por ejemplo, España figura junto a Dinamarca a la cabeza de los países europeos que mayor gasto público dedican a promover la adquisición de vivienda. En España los subsidios indirectos a través de desgravaciones representan el 82% del gasto público en vivienda, mientras que en Europa son las ayudas directas a la vivienda social las que suponen un 75% como promedio.
El “mobbing” inmobiliario es una práctica sobre todo de inmobiliarias extranjeras sin escrúpulos que se han introducido en el mercado en los últimos años.
Como lo demuestran los casos de “mobbing” que han tenido mayor eco mediático de distritos como El Raval, Ciutat Vella, Gràcia, Sants, etc., el “mobbing” no es una actividad importada de otras latitudes ni una nueva amenaza exterior que rompe las reglas del juego establecidas: la mayoría de propietarios e inmobiliarias que se han destacado en dichas prácticas en los últimos años son del país (algunos, eso sí, con domicilio fiscal en lugares la mar de exóticos, por ejemplo en Samoa, en el caso de una finca de la calle Robador).